Esta propuesta dialoga y se atempera a otras leyes ya vigentes en el país como la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene un impacto en el sector de la salud debido a la responsabilidad del mismo en la recopilación, uso y custodia de esa información relacionada con el estado de salud de las personas
La Habana, Cuba, 4 nov.- Como necesario y novedoso calificaron los profesionales del sector de la Salud al Anteproyecto de nueva Ley de Salud Pública, que como parte del cronograma legislativo aprobado en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular se compartió recientemente en los sitios web del Parlamento Cubano y del Ministerio de Salud Pública (Minsap) para su socialización con la población y la sociedad cubana en general.
La propuesta normativa ratifica el acceso universal y gratuito a los servicios de salud de las personas, prioridad del Estado cubano y refrendado en la Constitución de la República de Cuba, al tiempo que, entre otros aspectos, reconoce nuevos derechos, servicios y actualiza los principios de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
Así trascendió en reunión presidida por el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro del sector, y que contó con la presencia de José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como viceministros, directores provinciales de Salud, rectores, decanos, directores de Unidades de Subordinación Nacional, entre otros invitados.
Este encuentro es uno de los muchos que por estos días acontecen para escuchar las opiniones de varios colectivos laborales de instituciones del nivel terciario de atención sobre la norma, la cual ha sido elaborada por un Grupo de Trabajo multidisciplinario e intersectorial de disímiles saberes y experiencias coordinado por el Ministerio de Salud Pública; un intercambio que continuará extendiéndose.
Al comentar sobre los aspectos más novedosos y estratégicos de la nueva ley, Dagmara Cejas Bernet, Directora Jurídica del Minsap, sostuvo que actualizar esta normativa es en primera instancia cumplir con el mandato constitucional.
La ley que estamos elaborando abarca una amplia variedad de nuevos contenidos, y es fundamental destacar la importancia de actualizar la Ley 41 desde 1983 para garantizar el cumplimiento constitucional. Este nuevo documento se basa en los principios constitucionales e incorpora más de 40 artículos que tratan temas fundamentales, como la no discriminación en los servicios de salud, el reconocimiento de la dignidad humana como un valor supremo y las responsabilidades del Estado en la prestación de servicios de atención, protección y recuperación, un concepto que se incorpora por primera vez.
Además, se integran aspectos relevantes del Código de las Familias, como la gestación solidaria y el reconocimiento del interés superior de niñas, niños y adolescentes, lo cual tiene un impacto directo en el sistema de salud, explicó la jurista.
La normativa, afirmó, ratifica el derecho a la salud gratuita del pueblo y establece derechos y deberes de las personas, así como obligaciones para los usuarios de los servicios de salud.
Subrayó como un elemento medular que esta propuesta dialoga y se atempera a otras leyes ya vigentes en el país como la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene un impacto en el sector de la salud debido a la responsabilidad del mismo en la recopilación, uso y custodia de esa información relacionada con el estado de salud de las personas.
Este apartado es estratégico y políticamente importante en el documento, y exhortamos a todos los compañeros a revisarlo minuciosamente, ya que en la mayoría de los casos, estos derechos constituyen deberes y obligaciones para nosotros, el sistema y los operadores de la ley, como médicos, directivos y personal en general, dijo.
Agregó que también se ha buscado incorporar prácticas que han sido constatadas en la revisión de leyes de otros países. Consideramos adecuado incluir estos deberes relacionados con los servicios de salud, ya que promueven la responsabilidad y coherencia con los derechos establecidos.
(Cubadebate)