Camagüey, Cuba, 19 dic.- En el depósito aurífero Santa Elena, perteneciente al municipio de Guáimaro en Camagüey, un grupo de ciudadanos de manera inescrupulosa realizaba la extracción ilegal de minerales.
El enfrentamiento a esa actividad furtiva de búsqueda de oro ha permitido actuar en la prevención del patrimonio social, de daños al ecosistema y a la salud humana.
Así lo afirmó el mayor Eduardo Nieves Beltrán, segundo jefe de la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de esa localidad:
“En este depósito hemos realizado diez acciones de enfrentamiento donde se han llevado a cabo igual cantidad de procesos penales con la implicación de 39 personas. Como parte del procedimiento se ocuparon varios objetos que utilizaban para la perforación ilegal de estas minas, en un asentamiento donde habitan alrededor de mil personas.
De igual manera se recopilaron plantas eléctricas, chipijamas, el campamento, los utensilios de comida, combustibles, entre otros elementos. Se aplicaron multas entre cinco mil y siete mil pesos y se procesaron a través de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Popular Provincial a varios ciudadanos. En estos momentos mantenemos bajo control el área con acciones sistemáticas a partir de la intervención de la Brigada Especial y el grupo de trabajo especializado”.
A pesar de las acciones acometidas en esa reserva de importancia industrial para la provincia y el país, los daños son irreversibles para el medio ambiente y la salud humana.
Al respecto comenta Carlos Proenza Proenza, especialista en política de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental en Camagüey:
“La extracción ilegal de oro resulta dañina para el medio ambiente porque se realiza por medios ilegales y con sustancias tóxicas como el mercurio que ocasionan enfermedades como el cáncer de piel, infecciones respiratorias y malformaciones congénitas en el feto, debido a que las consecuencias van más allá de quienes practican directamente la actividad. Desde el punto de vista ambiental los procesos químicos que se emplean para separar el mineral de la roca impactan negativamente en el aire, la atmósfera, el suelo y las aguas subterráneas”.
Hasta la Ciudad de los Tinajones se extiende la red de extracción y explotación ilícita de la minería, situación por la que varios ciudadanos ya se encuentran bajo proceso investigativo o penal.
El subteniente Carlos Yoel Hernández Viltres, oficial operativo de la línea económica del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), brindó otros detalles:
“Por indicaciones de la Jefatura del Ministerio del Interior (MININT) en la provincia se conformaron cuatro grupos de trabajo para realizar registros en domicilios del reparto La Yaba donde se identificó a un grupo de personas implicadas en el proceso de la minería ilegal. A partir de ese proceder se ocuparon varios gramos de oro, gran cantidad de dinero, tierra y mercurio. Como resultado tres ciudadanos se encuentran sujetos a investigación penal y otros dos bajo fianza esperando sanción. Actualmente se continúa la investigación sobre estos hechos delictivos para que no queden impunes”.
La legislación vigente garantiza la protección, el desarrollo y el aprovechamiento racional de los recursos minerales en función de los intereses de la nación.
Por tal motivo, la excavación, explotación y comercialización de los recursos minerales constituyen delitos cuyos daños son irreversibles para el medio ambiente, de ahí que el llamado es a proteger las riquezas naturales para beneficio de todos.
(Radio Cadena Agramonte)
