Como resultado de la labor procesal durante el año resultaron sancionadas el 95% de las personas juzgadas, el 70 de ellos con sanciones de internamiento, el 21% con penas no retentivas y el 9% con sanciones de multas y en menor medida con amonestaciones
La Habana, 30 ene.- La actividad jurídica en el país durante el año 2023 estuvo en gran parte atravesada por las acciones de control para velar por el cumplimiento de las leyes procesales aprobadas que revisten a la ciudadanía de las facultades contempladas en la Constitución de la República.
En información compartida en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias por el Tribunal Supremo Popular (TSP) destaca que dichas normas responden a las disposiciones recogidas en la Carta Magna en sus artículos 94 y 95, donde se refuerzan los derechos y garantías de la población, lo que posibilita desplegar una mayor calidad en el proceso penal.
Con respecto a la Ley del Proceso Penal comparten como valoraciones generales que se trata de una legislación moderna, comprensible y práctica que permite la adecuación de la legalidad en función del enfrentamiento al delito en sus múltiples manifestaciones.
Para su correcta aplicación se ha insistido en la preparación intensa de magistrados, jueces, fiscales, abogados, instructores, policías y otras fuerzas de la Ley y el orden implicadas en la impartición de justicia, aunque señalan que persiste la necesidad de continuar las capacitaciones dado el carácter novedoso e integral del texto.
Subraya el TSP que en el actual contexto, ante el incremento en la incidencia y complejidad de los delitos y el número de denuncias en tramitación, junto al aumento de diligencias y acciones investigativas para cumplir las máximas del debido proceso, se demanda de mayor preparación de investigadores e instructores penales para evitar la dilación prolongada de algunos asuntos y demandas.
Por ejemplo, en el período señalado la Fiscalía General de la República determino la nulidad de 929 procesos, en su mayoría detectados en las fases preparatorias relacionados con actos que requirieron de ser subsanados o repetidos.
Los tribunales devolvieron además a la Fiscalía el 33 por ciento (%) de los asuntos recibidos, principalmente en La Habana y Santiago de Cuba, a causa de la necesidad de ampliar las investigaciones correspondientes, el restablecer quebrantamientos de formalidades y la no correspondencia entre los hechos imputados y los investigados, entre otros motivos.
Destacaron asimismo la aplicación de la medida de la prisión provisional en la gran mayoría de los imputados en hechos de mayor gravedad, resaltando en este apartado los delitos contra el ganado mayor, los asociados al tráfico de drogas, los vinculados a la corrupción administrativa y los que afectaron la disponibilidad de combustible.
Otras de las medidas aplicadas conforme a lo establecido en el cuerpo legal fueron la prohibición de salida del territorio nacional en esperar del esclarecimiento de los hechos, la prohibición de acercamiento a las víctimas (principalmente en asuntos relacionados a la violencia de género) y la suspensión de licencias de conducción.
Compartieron que como resultado de la labor procesal durante el año resultaron sancionadas el 95% de las personas juzgadas, el 70 de ellos con sanciones de internamiento, el 21% con penas no retentivas y el 9% con sanciones de multas y en menor medida con amonestaciones (0.3%).
(ACN)