La Habana, Cuba, 30 nov.- En la noche del 28 de octubre de 2022 tuvo lugar un lamentable suceso asociado al tráfico de personas en Bahía Honda, Artemisa. En comparecencia televisiva, representantes del equipo multidisciplinario a cargo de las indagaciones informaron sobre los resultados de la investigación.
Como resultado del abordaje de la lancha infractora a la embarcación de guardacostas, por inhabilitación de uno de los motores e inestabilidad en la navegación, la nave que intentaba salir de forma ilegal del país se volcó. Perdieron la vida siete personas, entre ellas, una niña de dos años. “Es importante definir que estamos en presencia de una operación de tráfico de personas, organizada desde el Estado de la Florida, Estados Unidos, por cubanos residentes en ese país que habían cumplido sanción en ese territorio por dedicarse precisamente a esa actividad”, explicó el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección de la Investigación Criminal del Ministerio del Interior.
¿Qué pasó?
El viernes 28 de octubre, una lancha modelo Concorde, matrícula FL 1768 RS penetró en aguas interiores cubanas, con el objetivo de trasladar a un grupo de personas hacia Estados Unidos.
La existencia de marejadas de entre 0.5 y 1.5 de altura, así como la poca visibilidad asociada a la fase de Luna Nueva, certificadas por el Instituto de Meteorología, indican que existían difíciles condiciones para la navegación.
Abordaron el medio de transporte un total de 24 personas, divididos en 16 hombres, 7 mujeres y una niña. Se encontraba originalmente diseñado solo para 6 tripulantes.
“El lanchero, al percatarse de la presencia de las tropas guardafronteras, da potencia a sus motores. Casi de una manera provocativa, gira delante de la lancha guardafronteras, informó Álvarez Valle, con la finalidad de evadir la identificación”.
Al encontrarse en una zona baja, uno de los motores choca contra el fondo marino y queda inhabilitado, producto del cambio súbito de velocidad. “En ese momento no hay ningún impacto de ninguna lancha. La lancha patrullera va la izquierda, la otra va a adelante, y a la distancia de 1.8 millas, la lancha infractora hace un giro brusco hacia la izquierda”, hacia la dirección del navío de guardafronteras, amplió el especialista del Ministerio del Interior.
El barco de menor envergadura se interpone en el camino del patrullero y este disminuye a cero su velocidad cuestión de segundos, para evitar el abordaje, que finalmente se produce.
Modificaciones en la lancha infractora
La lancha presentaba varias modificaciones para aumentar la capacidad de carga y la potencia de los motores.
El examen pericial advirtió varias transformaciones en el diseño original del barco, que atentaban contra la navegación. La cubierta original de fue totalmente retirada para construir otra, por debajo de la línea de flotación, lo que debilitaba la estructura original. También se le realizó una extensión de la popa. Fue retirado su motor interno para acoplarle dos motores fuera de borda.
El Teniente Coronel Libán Rodríguez Hernández, primer perito de la Unidad de Enfrentamiento de la Dirección General e Investigación Criminal, refirió que “el objetivo fundamental de estas modificaciones fue aumentar la capacidad de carga de la embarcación por encima de los parámetros para los cuales fue diseñada y buscar mayor potencia en la navegación”.
“La lancha de las tropas guardafronteras, aún cuando el Comandante hizo todas las maniobras para evitar el impacto, no es como un automóvil, que puede frenar. Él reduce su marcha a cero, pero mantiene la velocidad”, amplió el perito. “En caso de que hubiese ocurrido un impacto totalmente de frente, en un ángulo de 90 grados, no hubiéramos apreciado grietas, sino la ausencia total de material en toda el área de contacto y las características reflejadas del objeto que la produce”.
Las evidencias halladas en las paletas de uno de los motores, las consecuencias del sobrepeso de la embarcación (más personal del debido, peso de tanques de combustible y otros pertrechos) y las características del entorno permitieron concluir que uno de los motores rozó con el fondo marino cuando se aumentó de forma súbita la velocidad. De esta manera, quedó solo uno en funcionamiento, provocando un tránsito desigual.
Violaciones detectadas
El peritaje civil de expertos del Ministerio de Transporte de la República de Cuba validó los criterios y evidencias obtenidos durante la investigación. El ingeniero Juan Manuel Jiménez Hernández, jefe del Departamento de Seguridad para la Navegación de la Administración Marítima de Cuba, señaló las violaciones legislativas detectadas durante las indagaciones:
Los pasajeros no llevaban adosados los chalecos salvavidas al abordar a la nave. Además, la embarcación solo contaba con 16 aditamentos de este tipo de dispositivos de protección, para un total de 26 tripulantes.
No existía ningún chaleco salvavidas para niños, por lo cual la menor de edad a bordo iba totalmente desprotegida.
No llevaban ningún extintor, incumpliendo las medidas de seguridad cuando se viaja con tanques de combustible.
Fue apagado el GPS portátil de la lancha infractora.
Jiménez Hernández ratificó el derecho de las naciones caribereñas a “tomar en su mar territorial las medidas necesarias para impedir todo paso que no sea inocente”, en virtud de lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Red organizativa del evento de tráfico de personas
La investigación reveló la identidad de quienes articularon el intento de salida ilegal. El principal organizador desde el exterior es Héctor Meizoso Fabelo, cubano radicado en Estados Unidos. Ocupaban el puesto de lancheros Luis Manuel Borges Álvarez, quien se dio a la fuga tras el siniestro marítimo, y Omar Reyes Valdés, fallecido en el evento. Operaron como organizadores internos Michel Arronte Fernández y Yeraldi García Meizoso. Tanto Meizoso Fabelo como los dos lancheros habían sido detenidos por varios delitos, entre los cuales consta el intento de salida ilegal del país.
“Hoy está radicado el expediente de fase preparatoria. Desde el primer momento, la fiscalía ha ejercido el control del proceso, velando por la legalidad y las garantías procesales. Todos los imputados han sido notificados del derecho de nombrar abogado y, por supuesto, las investigaciones están en una fase avanzada para su conclusión”, aseveró el segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección de la Investigación Criminal del Ministerio del Interior.
En palabras del canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, existe “una responsabilidad ineludible del gobierno de Estados Unidos en el estímulo de la migración irregular desde Cuba y en el tráfico de personas. La aceptación de quienes arriban, la Ley de Ajuste (Cubano) y el bloqueo económico incentivan la migración irregular y alimentan a quienes lucran con el tráfico”.
(Sitio Razones de Cuba)