En vigor ley que prohíbe mayoría de abortos en Indiana, EE.UU.

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Washington, 15 sep.- Una ley entra hoy en vigor en Indiana, Estados Unidos, que prohíbe la mayoría de los abortos con una pocas excepciones referidas a violación, incesto y ciertas complicaciones y emergencias médicas graves.

La norma fue aprobada por la legislatura estatal a inicios del pasado mes en una sesión especial, poco después de que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, determinó anular la sentencia de 1973 del caso conocido como Roe vs Wade y retirar así la protección a la interrupción voluntaria del embarazo.

El gobernador de Indiana, el republicano Eric Holcomb, emitió un comunicado tras la aprobación del proyecto donde aseguró que lo convertiría en ley como parte de una promesa hecha «para apoyar una legislación que avanza en la protección de la vida».

A partir de esta jornada, los proveedores de estos procedimientos en el estado están impedidos de ofrecerlos a no ser en los casos autorizados.

No obstante, algunos centros como la clínica South Bend informó que mantendrá sus operaciones en «apoyo a todos los que buscan servicios de aborto”, y que continuará con su activismo “para hacer retroceder actos crueles e injustos».

Los grupos de derechos reproductivos, tales como ACLU y Planned Parenthood desafían la nueva ley en los tribunales estatales, y una audiencia ya fue programada para el próximo 19 de septiembre.

Acorde con la directora estatal de Planned Parenthood, Tamarra Wieder, la prohibición afectará también a las mujeres de Kentucky que ahora deberán viajar hasta Illinois, porque en su sitio de residencia existe un veto al aborto.

Según reveló al Servicio de Radiodifusión Pública de Estados Unidos, Indiana representaba la siguiente opción más cercana para la mayoría de sus pacientes que buscan la interrupción del embarazo.

El pasado martes, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, presentó un proyecto de ley que prohibirá los abortos en todo Estados Unidos después de las 15 semanas de embarazo.

La propuesta incluye una posible condena de cinco años de cárcel para cualquier proveedor que infrinja el veto y mantendrá las normas estatales más restrictivas, al punto de sustituir las de los estados demócratas que protegen las garantías sexuales y reproductivas.

(Prensa Latina)